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[17 de octubre de 2007] - El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido informaciones de fuentes confiables, entre ellas Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre la seria situación de inseguridad por la que atraviesan las comunidades de la región del Catatumbo, Departamento de Norte de Santander, en particular por las ejecuciones extrajudiciales de campesinos cometidas, según las denuncias, por miembros del Ejército regular colombiano, a quienes reportan luego como presuntos guerrilleros muertos en combates armados. Entre los últimos hechos graves se han denunciado los siguientes: 1. El 10 de octubre de 2007, resultaron muertos, un niño de 14 años, cuyo nombre no ha sido informado, y el Sr. Albeiro Amaya Montejo, quienes habían salido de sus casas en la vereda El Rosario y se dirigían a la vereda Puerto Catatumbo. Según las denuncias, cuando las víctimas caminaban por la mencionada zona rural, el Ejército habría fingido un combate que resultó en sus muertes. 2. El 9 de octubre de 2007, presuntos miembros del Ejército llegaron a una finca de la vereda La Bogotana, zona conocida como Bobalí, y allí habrían detenido al Sr. José Eliécer Ortega Bonet, quien posteriormente apareció muerto. Según el testimonio de los vecinos, al ver que miembros del Ejército llevaban unas bolsas, les pidieron que les entregaran el cuerpo del Sr. Ortega Bonet, pero éstos negaron el hecho y afirmaron “(…) que lo que llevaban en las bolsas (no era un cuerpo) eran bombas (…)”. 3. El 9 de octubre de 2007, miembros del Ejército habrían entrado a la casa del Sr. Carlos Daniel Martínez Ortega, en la vereda Caracol, limites entre San Calixto y El Tarra. Al amanecer del otro día, sonaron unos disparos y posteriormente apareció muerto el mencionado Sr. Martínez Ortega. 4. El 5 de octubre de 2007, en el caserío conocido como La Colombiana, frontera con Venezuela, se reportó la muerte del Sr. Carmen José Solano, quién había salido de su casa hacia la parroquia de El Cruce en territorio venezolano. Según las informaciones, todas estas víctimas habrían sido trasladadas en helicópteros por miembros del Ejército regular hacia las ciudades de Ocaña y Cúcuta, en donde sus familiares tuvieron que reclamarlos y en donde les informaron que, sus familiares, “(…) eran guerrilleros dados de baja en combate (…)”. Sin embargo, según las denuncias, todas las víctimas eran campesinos afiliados a las juntas de acción comunal, ajenos a las actividades de los grupos guerrilleros, y además, en tales sitios no se presentaron enfrentamientos armados con la guerrilla, durante los días en que ocurrieron las muertes mencionadas. Las informaciones señalan además que no son los primeros casos denunciados por las comunidades del Catatumbo, pues ya serían más de 20 las personas muertas en circunstancias similares durante el último año, muertes que fueron analizadas con ocasión de la reciente “Misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia”. Por otra parte la OMCT recuerda que ya ha denunciado anteriormente las arbitrariedades cometidas tanto por la Fuerza Pública como por grupos paramilitares en el Departamento de Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo. Ya en el año 2004, se afirmaba en varios estudios, entre ellos uno realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que: «(…) En la extensa frontera con Venezuela, la zona del Catatumbo, ha sido desde hace varios años el escenario de sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, (…) durante los últimos tres años, el conflicto armado se ha ido focalizando y endureciendo en la región del Catatumbo, (…). (…) En la dinámica del conflicto en el departamento es evidente el papel fundamental que juega el tema de los cultivos de uso ilicito. Así, (la región de) El Catatumbo en donde se concentra la casi totalidad de los cultivos del departamento, es también el principal punto de disputa entre (los) actores armados. El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a expresar su profunda condena de estos hechos de extrema violencia, la persecución contra la población civil y la aparente impunidad de los autores y solicita a las autoridades alertar a los mandos militares en el sentido de que sea respetado el principio de distinción de civiles consagrado en las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El Secretariado Internacional de la OMCT recuerda que Colombia, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de “reconocer que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida » (…) (Artículo 6). También, como Estado Parte Colombia velará porque 4. (…) (se adopten) todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado (Artículo 38)”. La OMCT señala que ya ha denunciado casos ocurridos en Colombia en los que personas muertas en circunstancias confusas son presentadas luego como guerrilleros dados de baja en combate (Ver Llamados Urgentes OMCT Casos: COL 270907; COL 010607; COL 250407; COL 040407; COL 040107). A este respecto la OMCT recuerda que, en el párrafo N° 119 del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondiente a 2006, se afirma que: « La Alta Comisionada alienta al Gobierno a revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales, en el marco de las reformas propiciadas por el Ministerio de Defensa para erradicar las violaciones de los derechos humanos por miembros de la fuerza pública, en particular las ejecuciones extrajudiciales. (…) Información complementaria