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[19 de enero de 2012] - El gobierno chileno retiró el miércoles de un proyecto de ley un artículo sobre seguridad pública que facultaba a la policía a hacerse de fotografías y material audiovisual que permitiera dar con los responsables de desórdenes callejeros, ante el rechazo de medios locales e internacionales. El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, autor del proyecto, llamó telefónicamente al presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, Mauricio Weibel, para comunicarle la decisión del gobierno, informó Weibel a The Associated Press. El artículo formaba parte de un proyecto de ley de fortalecimiento del orden público que castiga penalmente las ocupaciones violentas de escuelas, universidades, hospitales y carreteras y establece penas de cárcel que pueden ir desde los 541 días a los tres años para "quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público". En paralelo a las gestiones realizadas por el Colegio de Periodistas, que agrupa a los profesionales de medios chilenos, la asociación de corresponsales se reunió con representantes del gobierno, del Congreso, dirigentes políticos de la oposición de centroizquierda y algunos miembros de la comisión parlamentaria de mayoría oficialista que analizó el proyecto, para explicarles por qué la norma atentaba contra la libertad de prensa. Las conversaciones fueron bien acogidas por el gobierno y fue el propio ministro Hinzpeter quien anunció el retiro del artículo que facultaba a la policía "sin orden previa" a ubicar "fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas". El Colegio de Periodistas había advertido que "de aprobarse este articulado se consolidaría institucionalmente la censura previa y lesionaría gravemente las condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, así como el derecho de la ciudadanía de estar cabalmente informada". La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos también había pugnado por la eliminación del artículo. El artículo cuestionado no tenía precedentes en la legislación regional. En Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, no hay una ley que permita a la policía hacerse de material periodístico de forma unilateral. Sólo con la orden de un tribunal o la Fiscalía la policía puede acudir a un medio para pedir material periodístico o citar a declarar a un periodista. En Argentina incluso, aún con una orden judicial, los medios y periodistas pueden negarse a ceder el material amparados por la constitución. El proyecto fue elaborado en medio de las protestas estudiantiles que en 2011 cambiaron la agenda política del país con sus siete meses consecutivos de manifestaciones y marchas, que terminaban casi siempre con provocaciones de manifestantes con sus rostros cubiertos a la policía antimotines. Los dirigentes universitarios anunciaron su primera protesta de 2012 para el jueves con una manifestación frente a la Corte Suprema para rechazar el proyecto de ley. Información adicional:
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