BRASIL: Fiscal del Tribunal Superior de Justicia expresa su desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad

26 de agosto de 2015 - El juez de la Corte Superior de Justicia (STJ), Sérgio Luíz Kukina, consideró un "error" justificar una reforma destinada a reducir la edad responsabilidad penal sobre la base de la supuesta impunidad de los menores de edad, y afirmó que ya hay un número "muy alto" de sanciones.
 
El jurista, quien durante meses levanta la voz en contra de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) 171, aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes, dijo en una entrevista con la agencia Efe que la "causa principal" detrás de los crímenes cometidos por menores son derechos social que "no se cumplen".
 
"El lugar de los niños es con la familia, en la escuela y en los presupuestos públicos", dijo el magistrado, quien desde 2013 actúa como fiscal del STJ, representando al Ministerio Público.
 
El PEC 171, que redujo de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal en los casos de delitos graves, que deberá ser votado en el Senado y, de seguir adelante, se remitirá para su aprobación presidencial.
 
En julio, la PEC 171 fue aprobada en primera instancia, la Cámara de Representantes, de manera controversial. Después de no haber pasado una votación inicial,  fue remitida por el Presidente de la Cámara, diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), enel orden del día de la votación en menos de 24 horas después de que el texto original sufrió algunos cambios, como la creación centros especiales para la detención de los delincuentes juveniles.
 
Los partidos de izquierda del PT y otros, a pesar de que se oponían a la PEC, aceptaron lograron ciertas pequeñas concesiones en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), como el aumento de la duración de la prisión de los delincuentes juveniles, a partir de los 12 años, de los actuales tres años a entre ocho y diez años.
 
Para el magistrado es factible aumentar este período de reclusión, siempre "respetando" los diferentes acuerdos internacionales firmados por Brasil, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, o el pacto de San José de Costa Rica, 1969.
 
Los legisladores que apoyan la reducción de la mayoría, sin embargo, han dejado de lado el discurso que el PEC sería la solución para reducir la delincuencia cometida por menores de edad y se alinearon el clamor general de la población.
 
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que describió la medida como "una regresión social", indicó que los actos criminales cometidos por adolescentes representan sólo el 4% de todos los crímenes en Brasil. Este porcentaje, sólo el 2,9% son delitos graves.
 
La Constitución brasileña de 1988 muestra a los jóvenes como "una prioridad absoluta", y en 1990 esta política se articula con la Ley 8069, comúnmente conocido como el Niño y el Adolescente.
 
Esta norma no sólo regula los derechos de los más jóvenes, sino también a sus "deberes y responsabilidades", dijo el magistrado, de 56 años, consciente de que gran parte de la población cree que la ley sólo "protege" a los delincuentes juveniles.
 
Sin embargo, Kukina fue contundente al afirmar que su deseo es que un menor de 18 años que comete un delito "responda con todas las consecuencias por sus acciones, pero siempre de acuerdo con la Constitución."
 
El Tribunal de Cuentas afirma que, a partir de los 12 años, un menor de edad puede ser admitido por un período de tres años, prorrogable por otros tres bajo régimen semi-abierto si su comportamiento no es considerado apropiado por un equipo técnico del reformatorio.
 
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han pedido a la sociedad brasileña para mostrar la oposición a la medida.
 
"Queremos más leyes y menos código penal", dijo Kikuna.
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Terra.br

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