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El 22 de abril de 2009 tres adolescentes fueron ingresados al Centro de Infractores ubicado en la Av. Cap. Ustariz Km. 6 ½ a Quillacollo. Apenas llegados, fueron sometidos a “sanciones” injustificadas que pueden calificarse como tortura.
En primera instancia “los nuevos” fueron rapados de la cabeza y obligados a cumplir con castigos corporales que atentan contra la integridad física, por ejemplo el trote con tronco y llanta por el lapso de una hora aproximadamente y de manera reiterada, volteos y ruedos en el suelo, palazos y golpes en el abdomen y otras partes del cuerpo sin mayor justificación.
Lo que es de lamentar, es que estos hechos fueron permitidos y protagonizados por servidores públicos que desempeñan sus funciones en el Centro de Infractores, los mismos que entre sus funciones tienen la misión de respetar y ser garantes de los derechos humanos al interior de dicha institución.
A partir de la queja presentada por las víctimas, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, llevó adelante acciones preventivas, como recordatorios de deberes legales y entrevistas con autoridades, al margen de la investigación de vulneración de derechos humanos a las que se encuentran sometidos los servidores públicos encargados del Centro de Infractores. Producto de la investigación de la Defensoría del Pueblo y en caso de constatarse la comisión de delitos en los hechos dados, se remitirá la denuncia ante autoridades competentes.
Como resultado de la intervención de la Defensoría del Pueblo, se logró la libertad de los adolescentes que fueron objeto de tortura y mal trato físico; la emisión de certificados médicos forenses, se motivo a la determinación de cambiar a servidores públicos encargados de la seguridad del centro y otras autoridades involucradas.
Fuente: Tomado del Defensor del Pueblo de la República de Bolivia.
Información adicional
- Iberoamérica: Primera red en defensa de los derechos de los niños (29 de noviembre de 2007)