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[9 de julio de 2009] - El pasado miércoles 8 el Senado Nacional aprobó por unanimidad, en general, un proyecto de Régimen Penal Juvenil para establecer la responsabilidad de las personas menores de 18 años y mayores de 14 imputados de la comisión un delito de acción pública, comenzando así la derogación del régimen vigente, el decreto ley 22278 , impuesto por la dictadura militar en 1980. Es bienvenido el proyecto aprobado, porque dispone la existencia de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con absolutamente todas las garantías penales y procesales contenidas en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño para aquellas personas comprendidas entre los 14 y los 18 años. Además, prevé un abanico de sanciones juveniles que permiten dar una respuesta diferenciada y proporcional al hecho cometido. El proyecto ha consensuado y unificado varias iniciativas parlamentarias a la vez que se modificaron las penas propuestas contempladas en un proyecto de un juez de la Corte Suprema, debida a que eran demasiado elevadas para los parámetros establecidos por los derechos humanos de la infancia positivamente reconocidos. En este sentido, cabe destacar que esta sanción se enmarca en lo solicitado a través del habeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur Argentina a favor de las personas menores de 16 años de edad, privadas ilegítimamente de la libertad para su “protección”, y retoma el necesario protagonismo del Poder Legislativo que debe adecuar la legislación interna a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. De aprobarse como ley, este proyecto, daría cumplimiento a lo ordenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” y en la causa por condena a prisión perpetua a menores de edad. El proyecto aprobado demuestra que una ley de Responsabilidad Penal Juvenil considera a los jóvenes que han infringido la ley penal como sujetos de derecho y de responsabilidades, no bajando la edad de inimputabilidad, sino elevando la edad a partir de la cual una persona puede ser juzgada y sancionada a través del régimen penal general previsto para los adultos. Es alentador para el estado de derecho que el Honorable Congreso de la Nación trabaje arduamente en la aprobación definitiva de una ley de creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil aprobado. Información adicional