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[9 de enero de 2013] - Hoy ha sido decapitada una trabajadora doméstica srilankesa en Arabia Saudí por un delito que presuntamente cometió cuando era menor de edad, lo que muestra una vez más que el reino del Golfo tiene una deplorable desconexión con las normas internacionales sobre la pena de muerte, ha afirmado Amnistía Internacional. Rizana Nafeek ha sido ejecutada en Dawadmi, localidad situada al oeste de la capital saudí, Riad, hoy miércoles por la mañana. La condena a muerte había sido dictada por un tribunal de Dawadmi el 16 de junio de 2007, sobre la base de la acusación de que había asesinado a un bebé que estaba a su cuidado cuando ella tenía 17 años. A principios de la semana, Amnistía Internacional y el gobierno de Sri Lanka instaron al rey Abdulá de Arabia Saudí –que ratificó la condena a muerte– a que indultase a la acusada, dado lo joven que era en el momento del presunto delito y las dudas sobre las garantías procesales del juicio. “Pese al coro de peticiones dirigidas a las autoridades saudíes para que intervinieran y reconsideraran la condena a muerte de Rizana Nafeek, éstas siguieron adelante y la ejecutaron, lo que demuestra una vez más su deplorable desconexión con las obligaciones internacionales que les incumben respecto a la aplicación de la pena de muerte”, afirmó Philip Luther, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. En tanto que Estado Parte en la Convención de los Derechos del Niño, Arabia Saudí no debe imponer la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento del presunto delito por el que fueron condenadas. En caso de duda sobre la verdadera edad de la persona acusada, los tribunales tienen que tratarla como menor de edad a menos que el ministerio fiscal pueda demostrar que había alcanzado la mayoría de edad. Antes de la ejecución de Rizana Nafeek, el presidente srilankés Mahinda Rajapaksa había pedido al rey de Arabia Saudí que concediese el indulto y, según la información recibida, el Parlamento de Sri Lanka ha mantenido un minuto de silencio hoy miércoles tras conocer la noticia de que se había llevado a cabo la ejecución. En una declaración que figura en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka se afirma que el presidente Rajapaksa y el gobierno srilankés “deploran” la decapitación de Rizana Nafeek. Preocupación por juicio sin garantías En el pasaporte que Rizana Nafeek usó para entrar en Arabia Saudí en mayo de 2005 consta que la fecha de nacimiento es de 1982, lo que indicaba en apariencia que tenía 23 años cuando entró en el país para trabajar en el servicio doméstico. Sin embargo, su certificado de nacimiento muestra que nació seis años después, de modo que tenía 17 años cuando murió el bebé. Según la información recabada por Amnistía Internacional, no se le permitió presentar su certificado de nacimiento ni otras pruebas de su edad al tribunal de primera instancia que la juzgó en 2007. Pese a que quizás pudo presentar tales pruebas en procedimientos judiciales posteriores, parece ser que ello no modificó la decisión de los jueces, que en Arabia Saudí tienen potestad para decidir el momento en que las personas alcanzan la mayoría de edad. Por otra parte, según parece, el hombre que tradujo su declaración ante el tribunal no tenía las competencias adecuadas para ejercer de intérprete entre las lenguas tamil y árabe, y ha abandonado Arabia Saudí. Rizana Nafeek no tuvo acceso a abogados durante los interrogatorios preliminares ni durante el juicio que se celebró en 2007. Aunque en un principio “confesó” el asesinato del bebé durante el interrogatorio, posteriormente se retractó y negó que fuese verdad, alegando que la habían obligado a “confesar” bajo coacción tras una agresión física. Ella aseguró que el bebé había muerto de asfixia mientras bebía de un biberón. Uso generalizado de la pena de muerte En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte a una amplia variedad de delitos, y muchas de las personas ejecutadas en los últimos años son extranjeras, en su mayoría, trabajadores migrantes procedentes de países pobres y en desarrollo. En este país, los procedimientos judiciales de casos en los que se impone la pena de muerte suelen incumplir gravemente las normas internacionales sobre juicios justos. A los acusados rara vez se les permite tener representación letrada, y en muchas ocasiones no se les informa del desarrollo de los procedimientos judiciales que se siguen contra ellos. En 2012, Amnistía Internacional registró la ejecución de al menos 79 personas, de las cuales 27 eran extranjeras. Este año ya se ha ejecutado al menos a dos personas, ambas extranjeras. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias.