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El 125º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebrará en Guatemala del 17 al 21 de julio de 2006. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala expresa preocupaciones acerca de la niñez guatemalteca al Relator Especial para Guatemala, Víctor Abramovich antes de su visita. La situación de la niñez en Guatemala, constituye en la actualidad una grave preocupación. De acuerdo con el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre derecho a la alimentación, Jean Ziegler, hay muchos niños en Guatemala que se están muriendo de hambre y perdiendo sus facultades por problemas de inseguridad alimentaria y nutrición deficiente. Las enfermedades infecciosas y nutricionales afectan principalmente a la niñez y las personas mayores. La tasa de mortalidad materna es alarmante (153 por cada 100,000 nacimientos) lo que se registra más gravemente en mujeres indígenas y del área rural. El 80% de partos continúan siendo atendidos en las comunidades (rurales) por comadronas quienes no cuentan con el apoyo necesario, ni en capacitación para la mejora de sus capacidades ni con equipamiento básico mínimo. La tasa de mortalidad infantil es de 44 por mil nacidos vivos y la mortalidad de la niñez es de 59 por mil nacidos vivos.
A esta situación en donde se niegan los derechos de la niñez, se agrega la prostitución infantil, el tráfico de personas y las adopciones irregulares, cerca de un millón de niños trabajando en condiciones precarias a partir de los 5 años y sin controles por parte del Estado, entre otras causas del sufrimiento para tantos niños.
Muchos bebés, niños, niñas, adolescentes y aun niños en el vientre materno, han muerto a consecuencia de hechos de violencia armada en los últimos meses. Asesinatos, homicidios y delitos graves que en su mayoría permanecen impunes.
Ciertamente, son preocupantes los niveles de violencia generalizada en el país, sin embargo, en medio de dicha situación de violencia indiscriminada, se multiplican alarmantemente las agresiones armadas en contra de niños y jóvenes, sin que las autoridades encargadas encuentren la capacidad de perseguir a los autores de tales delitos y la consignación a los tribunales para el necesario y justo castigo de los responsables.
Sólo en enero de 2006 fueron asesinados 54 personas menores de edad, a ellos se unen 71 lesionados.
La violencia va en espiral ascendente..., durante febrero y marzo de 2006 los medios informativos detallan 39 homicidios de niños y niñas.
Según datos recabados por la Institución del Procurador, durante el 2004 se registraron 410 asesinatos de menores de edad y en 2005 fueron 412. En el año de 2006, sólo en el mes de enero se contabilizaron 54 casos, lo que representa un incremento del 17 por ciento comparado con el mismo mes del año 2005.
Las causas de los asesinatos son diversas, sin embargo, la mayoría son causados por arma de fuego. La estadística de muertes aumentó en 14% contra el año 2004.
Ejemplos de algunos casos:
Osmar Manuel Alejandro Muxnal Hidalgo de cinco años recibió un balazo en la frente (17/03/06); Catherine Rodríguez de diez meses y Henry del Cid de seis años heridos por una granada (19/03/06); José Ángel Ramírez Ortiz de 18 meses fue herido con proyectil de arma de fuego (20/03/06); Josué Haroldo Ramírez Cardona fue asesinado de un balazo en la cabeza (27/03/06).
La mañana del 23 de marzo, la niña Gaudy Rebeca Escobar Villalta de 11 años recibió un disparo en la cabeza y murió, cuando en compañía de otros niños se dirigía al centro educativo en donde estudiaba, los hermanos Josué Eliú de 9 y Margarita Pérez López fueron heridos en ese ataque armado. Estos ataques sucedieron en la zona 6 de Mixco, San José Las Rosas, en el departamento de Guatemala, área metropolitana. Los menores fueron víctimas de un grupo de delincuentes, quienes, presuntamente, según informaciones de vecinos, estaban
exigiendo a los propietarios del centro educativo, el pago de una determinada cantidad de dinero (extorsión). También se ha señalado que podría ser por “cuentas pendientes” con el padre; de igual manera, no fue respetada la integridad de los niños.
Cuatro días después de este hecho sangriento, el 27 de marzo, un niño de 11 años de edad fue secuestrado y luego asesinado por un “tiro de gracia”. Se ha querido minimizar el hecho, señalando que era un adolescente de 13 años y que llevaba “encomiendas” de pandilleros.
En Guatemala, según el artículo 1º. de la Constitución Política de la República, el Estado protege la persona y a la familia, y según su articulo 3º., el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona; el texto magno afirma también en el artículo 51 que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad.
Todas las personas e instituciones deberían estar obligadas a velar por el interés superior del niño, por su protección y su desarrollo integral.
Guatemala, así mismo, es Estado parte de los siete tratados de derechos humanos, del sistema de Naciones Unidas. También ha ratificado todos los instrumentos importantes en la materia del sistema regional interamericano, de la Organización de Estados Americanos –OEA-. Fue el sexto país en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y a partir del mes de julio de 2003 entró en vigencia la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
No obstante el amplio marco normativo que obliga al Estado de Guatemala a garantizar los derechos fundamentales, la situación de violencia generalizada pone en grave riesgo los derechos humanos en el país, y los avances en el fortalecimiento del sistema democrático alcanzados luego de más de treinta años de conflicto armado interno y la firma de los Acuerdos de Paz que silenciaron las armas de la guerra. Sin embargo, la mayor parte de dichos acuerdos y su parte sustantiva, no han sido cumplidos. El uso indiscriminado de las armas bajo el manto de la delincuencia y el crimen organizado, la violencia y la miseria campean y afectan gravemente a los más pobres y a los más vulnerables, como es el caso de la niñez guatemalteca. En mi informe presentado el día 19 de abril de 2006, afirmo que circulan aproximadamente 1.5 millón de armas de fuego sin registro legal. El 95 por ciento de las muertes violentas, son causadas por armas de fuego, según datos de la Policía Nacional Civil.
Estas condiciones empeoran el cuadro de pobreza y pobreza extrema para grandes sectores de la población, fundamentalmente determinada por varios factores históricos y una negación al cambio en las políticas nacionales. La exclusión y discriminación étnica y de género, la alta concentración del uso y tenencia de la tierra, así como por la falta de acceso al trabajo y a la educación.
La pobreza en Guatemala es severa, el 56% o cerca de 6.4 millones de personas viven en condiciones de pobreza y cerca del 16% en condiciones de extrema pobreza (2000). La pobreza es predominantemente rural y más alta entre la población indígena. Más del 81% de los pobres y más del 93% de los pobres extremos viven en el campo, el 75% de todos los pobres rurales viven en condiciones de pobreza y un 25% en extrema pobreza. El 76% de la población indígena es pobre mientras que en la población no indígena es un 41%.
El Procurador ha hecho un llamado público urgente para que las autoridades implementen programas de prevención y busquen evitar estos hechos en donde las familias y la niñez, sufren los efectos de la violencia en el país.
En febrero de este año lo presentó al Gabinete de Seguridad de la presidencia de la República, un detallado informe sobre las características de las muertes violentas en el país y un paquete de siete propuestas concretas para hacer frente a esa situación.
En dicho informe se deja claro que la Policía Nacional Civil (PNC) es cada vez más parte del problema y no de la solución. En consecuencia, la mayor parte de las propuestas hechas por la institución que represento se dirigen al fortalecimiento de la PNC, entendido que allí se encuentra actualmente el eslabón débil de la cadena de la seguridad ciudadana.
Propuso que se cree una Comisión Multisectorial, con apoyo internacional, encargada de la depuración y la refundación de la PNC; así como que se tomen medidas para hacer transparente la actuación de los cuerpos policiales; sostenemos la propuesta de que se cree una Comisión Interinstitucional para estudiar y hacer recomendaciones para erradicar las ominosas prácticas de limpieza social que persisten en el país. Sin embargo, para estas siete propuestas, de las cuales aquí sólo se han destacado tres, la única respuesta ha sido el silencio oficial.
Lo que estas acciones demuestran es que las fuerzas de seguridad han sido rebasadas por el accionar de la delincuencia, y es urgente que las autoridades implementen programas de prevención que eviten nuevos hechos, donde la familia sufre los resultados de la violencia en el país y la niñez pierde la vida en forma salvaje.
La sociedad guatemalteca, repudia estos hechos violentos, y nuevamente demanda que el Estado de Guatemala tome acciones concretas para investigar y procesar a los responsables, así como para prevenir las muertes de niños, niñas y jóvenes inocentes. El no tomar ninguna acción de prevención por parte de las autoridades encargadas, les hace responsables por omisión de los asesinatos ocurridos día tras día, que dejan un promedio de dos personas menores de edad asesinadas por día.