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El 18 de junio de 2003, la Comisión Interamericana presentó ante la Corte IDH la primera demanda contra el Estado salvadoreño por la desaparición forzada de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz ocurrida en el mes de junio de 1982 en Chaletanango (Salvador) durante la operación militar conocida como “la guinda de mayo” realizada por las Fuerzas Armadas del Ejército Salvadoreño. CEJIL y la Asociación Probúsqueda de Niños y Niñas desaparecidos (PROBUSQUEDA) presentaron el caso ante la CIDH desde el 19 de febrero de 1999 por la responsabilidad internacional de la República de Salvador en la desaparición forzada de las menores Serrano y por la falta de investigación y reparación de tales hechos. Este caso además, configura la violación a el derecho a la vida, a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño y derecho a la protección judicial, y todos estos en violación del deber general de respetar y garantizar los derechos. En febrero de este año, la CIDH emitió recomendaciones para el Estado salvadoreño investigara de manera completa, imparcial y efectiva para establecer el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y en caso de ser halladas, repararlas adecuadamente por las violaciones establecidas. De la misma manera recomendó determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las niñas y sus familiares y repararlos. Todas las recomendaciones fueron incumplidas, por lo cual caso fue presentado ante la Corte. Cabe anotar que la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de desapariciones forzadas perpetradas o toleradas por el Estado salvadoreño. Así lo documentó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, que reportó unas 2,638 desapariciones en El Salvador entre 1980 y 1983. Según información suministrada por Pro Búsqueda, se denunció la desaparición de unos 119 niños y niñas durante los operativos militares desarrollados entre 1980 y 1984 en varias localidades de dicho país. Los hechos del caso de las hermanas Serrano sucedieron en 1982, cuando las niñas antes mencionadas se encontraban huyendo del operativo militar del Ejército salvadoreño durante la llamada “guinda de mayo”, con su padre Dionisio Serrano, fallecido, y su hermana mayor Suyapa Serrano. Se quedaron durante la noche en el monte cerca del cantón Los Alvarenga, jurisdicción de Nueva Trinidad. Allí pasaron la noche. En la mañana, el papá, Don Dionisio, fue a buscar agua, quedando las niñas al cuidado de su hermana mayor Suyapa. Se oían grandes balaceras y disparos cerca, por lo que a la hermana mayor le entró temor. Ella, Suyapa, se separó unos cuantos metros por medidas de seguridad, temiendo que su hijo, al que cargaba en brazos, llorara y fueran encontradas por el ejército, dejando a sus hermanas escondidas en un matorral. Suyapa, desde su escondite, escuchó que el ejército llego, encontró a sus hermanas y se las llevó. Ante esto, por miedo a que la encontraran, se escondió aún más, por lo que no vio cuando se llevaron a sus hermanas. Cuando se fue el ejército, como a las 12 del medio día, buscó a sus hermanas y no las pudo encontrar. Según versiones de testigos cuentan que las menores fueron llevadas en un helicóptero del ejército salvadoreño hacia el sitio conocido como La Sierpe. Hasta el día de hoy el paradero de las niñas es desconocido. CEJIL y Probúsqueda, quienes representarán a los familiares ante la Corte Interamericana, consideran que la demanda en contra del Estado Salvadoreño es de vital importancia para que este órgano continúe desarrollando jurisprudencia en materia de protección a la niñez inmersa en conflictos armados y para que el Estado salvadoreño lleve a cabo una investigación seria y exhaustiva de los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Serrano.