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[SANTO DOMINGO, 6 de octubre de 2010] - La pena máxima actual para los menores que delinquen oscila entre tres y cinco años, la iniciativa del ex diputado Alejandro Montás, que está en discusión, pide que la pena máxima a los menores en conflicto con la ley sea elevada entre cinco y diez años. Sin embargo, instituciones que integran la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes rechaza el anteproyecto por considerarlo incongruente, mal fundado, contrario a la Constitución, a las convenciones internacionales ratificadas por el país y los principios de justicia especializada y legalidad procesal. Entre estas instituciones figuran el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, el Comisionado de la Justicia, la Escuela Nacional de Ministerio Público, así como la Dirección de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. La posición de estas entidades está contenida en un documento, encabezado por Unicef, entregado a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por el Dr. Henry Merán Gil, Representante de la provincia San Juan. El documento señala que resulta discriminatorio y contrario al espíritu de la ley que los adolescentes de 15 a 18 años sean remitidos a la jurisdicción ordinaria para conocer sus procesos, lo cual implica violación al principio de prioridad absoluta, al de especialización de la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes, al de legalidad, entre otros principios adoptados por el país en esa materia. "No es una reforma a la Ley 136-03 lo que solucionará la problemática que en nuestro país pudiera existir en relación a la inseguridad ciudadana. Los esfuerzos deben estar dirigidos hacia la educación, fortalecimiento de la familia y las oportunidades que el Estado debe proveer", afirman las entidades. En tanto, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía del Distrito Nacional coinciden en que es necesaria una revisión del Código del Menor, pero de manera consensuada, donde participen todos los sectores de la sociedad. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, considera que la actual ley necesita ser socializada y debatida entre los diferentes sectores que tienen que ver con el tema antes de tomar alguna decisión. Recientemente, el presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, manifestó que está de acuerdo con la modificación del código, para que se dé seguimiento a los menores en conflicto con la ley, pero entiende que con endurecer las penas no resuelve el problema de la delincuencia. Respaldo a la reforma El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, también es de los que opinan que el Código del Menor (Ley 136-03) debe ser modificado, pero de manera consensuada y con la participación de todos los sectores que inciden en la vida social dominicana. Además, el magistrado pide que se dé seguimiento permanente a ese problema que ha sido motivo de amplios debates en los últimos años.
Explican que el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) constituye un gran logro para la sociedad dominicana, en cambio, el anteproyecto en cuestión pretende modificar el artículo 280 de la referida legislación, basado en que el menor a quien se le imputa la infracción penal, que tiene más de 14 años y es menor de 18 al momento de la comisión del delito, y son ponderados: la gravedad del delito, que concurran circunstancias agravantes, que tenga una personalidad adulta, será declinado ante la jurisdicción ordinaria y sea juzgado como adulto.
"Nosotros somos signatarios de una serie de convenciones internacionales y hay una serie de principios en nuestra Constitución que establece cuáles son los parámetros", manifestó.